La gestión pública como herramienta política

El tópico de “gestión pública” aparece con creciente frecuencia en el debate político y especialmente en los períodos pre-electorales, como una suerte de metáfora conceptual que se refiere a la evaluación que los gobernantes o los gobernados hacen respecto de la forma como funciona la administración y cómo los órganos del Estado responden a las necesidades y urgencias de la ciudadanía.

Gestión es la palabra que se esgrime para fundar una crítica a la forma cómo se ejerce el gobierno o para plantear una propuesta o un proyecto para mejor ejercer la función pública.

Pero, ¿de qué estamos hablando cuando decimos “gestión pública”?

Si definimos la gestión pública como “el conjunto sistemático de las operaciones realizadas por y desde el aparato público, para el cumplimiento de las metas de la política pública”, nos acercamos entonces a comprender las dimensiones políticas que resultan de la gestión pública.

La principal dimensión política de la gestión pública reside en su impacto sobre las percepciones de la ciudadanía ante el gobierno, la administración o el Estado.  Los ciudadanos adquieren su imagen y su percepción, construyen sus actitudes y conductas respecto del aparato público y del gobierno, a partir de la forma cómo el servicio público, los funcionarios y los servicios responden a sus problemas y demandas.   Se produce en el subconsciente (individual y colectivo) de los ciudadanos una suerte de simbiosis entre gestión pública y gobierno, de manera que los errores, faltas, carencias e insuficiencias, o los aciertos y logros de la gestión de los entes públicos, se traspasan automáticamente a una evaluación del desempeño del gobierno.

Otra dimensión política relevante de la gestión pública reside en la capacidad de comunicar la acción pública a la ciudadanía. Se trata aquí de una capacidad estratégica: el desempeño de la gestión pública repercute en la opinión pública y en la percepción de los ciudadanos respecto de la labor del gobierno.  Gobierno que no comunica, es un gobierno que se percibe paralizado e ineficiente.

Se trata de una trilogía comunicacional en la que se juega constantemente el prestigio, la popularidad y la adhesión a una determinada política pública, programa o gobierno: 1º el aparato público (como el conjunto de los órganos públicos que realizan una política); 2º el espacio público (como la dimensión comunicacional donde intervienen actores, medios, agendas y estrategias) y 3º la ciudadanía.

Es el punto de cruce de a lo menos 4 agendas: la agenda de gobierno, la agenda política, la agenda de los medios o de la prensa, y la agenda ciudadana.

El gobierno y el aparato público pasan generalmente por la mediación de los medios para transmitir las políticas y las tareas de la gestión pública. Los medios a su vez, construyen realidades virtuales socialmente significativas difundiendo, (o también, distorsionando o silenciando) la gestión pública generando “efectos de opinión” con el modo de abordaje o el punto de vista con que se expone y difunde la labor de los órganos del Estado.

Cabe subrayar, sin embargo, que la comunicación pública no sustituye nunca la relación directa de las autoridades y de los funcionarios con la ciudadanía: la trilogía antes señalada puede ser superada, por el contacto directo entre los agentes públicos y las personas, organizaciones y comunidades, entregando la información de la gestión pública, sin perjuicio de la mediación de los medios.

La comunicación de la política pública y de la gestión pública es clave para formar opinión pública y para construir y producir efectos de opinión en la ciudadanía.

Los gobiernos tienden a subrayar los aspectos positivos de la gestión pública y en la batalla comunicacional constante que tiene lugar en el espacio público, la información respecto del cumplimiento de metas y logros de la gestión pública, es crucial para ganar opinión pública en la ciudadanía.

Las percepciones que se forman los ciudadanos acerca del desempeño de un servicio o de un órgano del Estado, muy frecuentemente están relacionadas y dependen de experiencias personales transmitidas socialmente.  Esas percepciones dependen tanto de la calidad del servicio público, como de la pertinencia de la comunicación pública.

Desde una perspectiva moderna, la ciudadanía no es solamente el objeto de las políticas ni los ciudadanos pueden ser tratados o considerados como “clientes”, “usuarios” o “beneficiarios” de una determinada acción de la gestión pública.  Las personas a quienes el servicio público sirve, responde, escucha y atiende son ciudadanos, solo ciudadanos.  Por eso, el ideal de la calidad de la gestión pública en nuestras sociedades es lo que denominamos la “eficiencia resolutiva”, es decir, la capacidad ejecutiva para responder a las necesidades y problemas de los ciudadanos con el sentido de urgencia de las personas.

En definitiva, nunca perdemos de vista que la función pública y la política pública, son personas resolviendo -o tratando de resolver- los problemas de las personas, desde el aparato público.

Manuel Luis Rodríguez U.

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